Asi ilegalizaba asi asi.......
La canción de moda de la pre-campaña vasca vuelve a ser uno de los éxitos del verano 2002: Ilegalización. Cautivas y desarmadas las huestes batasunas, Españaza parece dispuesta a ir más allá. Partido Popular, Partido Socialista, medios de comunicación, Fiscal General del Estado y, según esperan todos ellos, el poder judicial, parecen estar de acuerdo. No sólo hay que garantizar que no se presente Batasuna, sino que no pueda hacerlo ninguna entidad política que la suceda, tal y como dispone la Ley de Partidos.
El pequeño problema es que la Ley de Partidos es mucho más restrictiva de lo que sus apologetas aseguran creer. E, incluso, que todavía lo es más tras la Sentencia interpretativa que sobre la misma dictó el Tribunal Constitucional. A la vista de lo ocurrido posteriormente, podemos añadir "lamentable Sentencia interpretativa". Porque, generoso con el Gobierno (como es costumbre), el Alto Tribunal trató de salvar un texto constitucionalmente obsceno con cautelas interpretativas, en vez de atreverse a anularlo. Una vez sobrevivió, por supuesto, no sólo nadie recuerda las cautelas sino que se va más allá del mismo texto de la norma.
Porque la Ley de Partidos deja fuera de la ley a las formaciones que apoyan la violencia terrorista (el TC aclaró que esto debía de quedar retratado en actuaciones activas de colaboración y no en mero posicionamiento ideológico, so pena de inconstitucionalidad) o que tienen en sus listas a personas vinculadas a bandas terroristas (el TC también hubo de minimizar esta postura, aclarando que no suponía un problema la inclusión de quienes habían quedado reinsertados y cosas así, entre otras cosas porque en tal caso desde el PSOE hasta el mismo PP serían "ilegalizables"). Igualmente, se proscribía la actividad de quienes trataran de suceder a estas organizaciones ilegales. Esto es, quienes de facto sucedieran organizativamente a un partido político así declarado ilegal. El TC no aclaró, porque no cabía en mente demócrata siquiera tal hipótesis, que por supuesto eso no había de comportar la automática prohibición de cualquier partido político o agrupación llamado a ocupar el espacio electoral del partido ilegalizado, pero sin tener nada que ver orgánicamente con él ni tener vinculación alguna con el terrorismo ni llevar en sus listas a nadie condenado. Dicho sencillamente, una hipótesis de esta índole, propia de república bananera, no cabía en cabeza demócrata alguno.
Pero como España es Españaza 2000 en cuanto nos aflora la raza, en esas estamos. Parece unánime el clamor en pro de ilegalizar a una asociación de electores que:
- no tiene vinculación orgánica con Batasuna ni sustituye de facto a esa organización ni la ha sucedido en sus medios
- no tiene un solo candidato cuestionable a la luz de la ley de partidos
- no ha colaborado con acción violenta alguna
¿Por qué? Porque se interpreta que el hecho de que ciertas de las personas que han firmado en apoyo de su presentación vengan de ambientes y asociaciones históricamente ligadas a Batasuna o directamente procedentes de ésta comporta que automáticamente la Agrupación en cuestión "sucede" a Batasuna.
La interpretación es aberrante, inconstitucional y antidemocrática. Por esa regla de tres, nunca podrá un partido o agrupación cubrir ese espacio ideológico, dado que lógicamente los apoyos para ello han de provenir de un sector de la sociedad que, es inevitable, habrá tenido contactos con Batasuna. ¿De dónde pretenden, en otro caso, que saquen las firmas? ¿De la militancia del PP?
El asunto es abracadabrante e ilegal, que es lo peor. Quienes no tenemos más remedio que acatar la Ley de Partidos probablemente haríamos mejor en no preocuparnos de cómo la violan sus promotores, pero no deja de ser vergonzoso.
Da igual que las 35.000 firmas provengan, todas ellas, del entorno de Batasuna. Como si provienen de militantes de Batasuna. El TC dejó claro que nada en la Ley de Partidos podía interpretarse como cercenador de los derechos políticos de los ciudadanos normales y una conclusión de este jaez conduce inevitablemente a una restricción.
La cuestión es que los candidatos son inobjetables, la agrupación no tiene vinculación conocida con el terrorismo y dejarla fuera de la ley, al margen de un atentado a la democracia, es una conculcación del Derecho vigente, ya de por sí restrictivo. Sólo argumentando y demostrando que la Agrupación es una continuación de Batasuna "disfrazada" puede la ilegalización plantearse. Y parece claro que no hay prueba alguna de que esto sea así.
Porque no lo es una cinta que sólo puede ser prueba si así es expresamente admitida en un juicio, como señalan las leyes procesales. Y en las que, por lo demás, sólo está la opinión/visión de un etarra, que sabe que le están grabando, y que no es un elemento, ni mucho menos, determinante. El mismo Gobierno, por ejemplo, pone en duda la verosimilitud del de otras afirmaciones del sujeto, como las referidas a hipóteticas conversaciones Ejecutivo-ETA. ¿Cómo puede presentarse entonces el resto de sus afirmaciones como prueba de cargo de nada?
Para agravar más las cosas, encima, de éstas, además, se deduce precisamente que la intención del mundo abertzale sería la de presentar "listas limpias", no controladas por Batasuna. Es decir, que en el fondo está aportando, si se le considera creíble, una prueba más de que la Agrupación de Electores es difícil de prohibir.
De locos. Tanto que, a estas alturas, uno duda que el Tribunal Constitucional vaya a aceptar alegremente que le tomen el pelo otra vez.
El pequeño problema es que la Ley de Partidos es mucho más restrictiva de lo que sus apologetas aseguran creer. E, incluso, que todavía lo es más tras la Sentencia interpretativa que sobre la misma dictó el Tribunal Constitucional. A la vista de lo ocurrido posteriormente, podemos añadir "lamentable Sentencia interpretativa". Porque, generoso con el Gobierno (como es costumbre), el Alto Tribunal trató de salvar un texto constitucionalmente obsceno con cautelas interpretativas, en vez de atreverse a anularlo. Una vez sobrevivió, por supuesto, no sólo nadie recuerda las cautelas sino que se va más allá del mismo texto de la norma.
Porque la Ley de Partidos deja fuera de la ley a las formaciones que apoyan la violencia terrorista (el TC aclaró que esto debía de quedar retratado en actuaciones activas de colaboración y no en mero posicionamiento ideológico, so pena de inconstitucionalidad) o que tienen en sus listas a personas vinculadas a bandas terroristas (el TC también hubo de minimizar esta postura, aclarando que no suponía un problema la inclusión de quienes habían quedado reinsertados y cosas así, entre otras cosas porque en tal caso desde el PSOE hasta el mismo PP serían "ilegalizables"). Igualmente, se proscribía la actividad de quienes trataran de suceder a estas organizaciones ilegales. Esto es, quienes de facto sucedieran organizativamente a un partido político así declarado ilegal. El TC no aclaró, porque no cabía en mente demócrata siquiera tal hipótesis, que por supuesto eso no había de comportar la automática prohibición de cualquier partido político o agrupación llamado a ocupar el espacio electoral del partido ilegalizado, pero sin tener nada que ver orgánicamente con él ni tener vinculación alguna con el terrorismo ni llevar en sus listas a nadie condenado. Dicho sencillamente, una hipótesis de esta índole, propia de república bananera, no cabía en cabeza demócrata alguno.
Pero como España es Españaza 2000 en cuanto nos aflora la raza, en esas estamos. Parece unánime el clamor en pro de ilegalizar a una asociación de electores que:
- no tiene vinculación orgánica con Batasuna ni sustituye de facto a esa organización ni la ha sucedido en sus medios
- no tiene un solo candidato cuestionable a la luz de la ley de partidos
- no ha colaborado con acción violenta alguna
¿Por qué? Porque se interpreta que el hecho de que ciertas de las personas que han firmado en apoyo de su presentación vengan de ambientes y asociaciones históricamente ligadas a Batasuna o directamente procedentes de ésta comporta que automáticamente la Agrupación en cuestión "sucede" a Batasuna.
La interpretación es aberrante, inconstitucional y antidemocrática. Por esa regla de tres, nunca podrá un partido o agrupación cubrir ese espacio ideológico, dado que lógicamente los apoyos para ello han de provenir de un sector de la sociedad que, es inevitable, habrá tenido contactos con Batasuna. ¿De dónde pretenden, en otro caso, que saquen las firmas? ¿De la militancia del PP?
El asunto es abracadabrante e ilegal, que es lo peor. Quienes no tenemos más remedio que acatar la Ley de Partidos probablemente haríamos mejor en no preocuparnos de cómo la violan sus promotores, pero no deja de ser vergonzoso.
Da igual que las 35.000 firmas provengan, todas ellas, del entorno de Batasuna. Como si provienen de militantes de Batasuna. El TC dejó claro que nada en la Ley de Partidos podía interpretarse como cercenador de los derechos políticos de los ciudadanos normales y una conclusión de este jaez conduce inevitablemente a una restricción.
La cuestión es que los candidatos son inobjetables, la agrupación no tiene vinculación conocida con el terrorismo y dejarla fuera de la ley, al margen de un atentado a la democracia, es una conculcación del Derecho vigente, ya de por sí restrictivo. Sólo argumentando y demostrando que la Agrupación es una continuación de Batasuna "disfrazada" puede la ilegalización plantearse. Y parece claro que no hay prueba alguna de que esto sea así.
Porque no lo es una cinta que sólo puede ser prueba si así es expresamente admitida en un juicio, como señalan las leyes procesales. Y en las que, por lo demás, sólo está la opinión/visión de un etarra, que sabe que le están grabando, y que no es un elemento, ni mucho menos, determinante. El mismo Gobierno, por ejemplo, pone en duda la verosimilitud del de otras afirmaciones del sujeto, como las referidas a hipóteticas conversaciones Ejecutivo-ETA. ¿Cómo puede presentarse entonces el resto de sus afirmaciones como prueba de cargo de nada?
Para agravar más las cosas, encima, de éstas, además, se deduce precisamente que la intención del mundo abertzale sería la de presentar "listas limpias", no controladas por Batasuna. Es decir, que en el fondo está aportando, si se le considera creíble, una prueba más de que la Agrupación de Electores es difícil de prohibir.
De locos. Tanto que, a estas alturas, uno duda que el Tribunal Constitucional vaya a aceptar alegremente que le tomen el pelo otra vez.
2 comentarios
El autor -
Oscar -
Lo cierto es que Aralar, que de alguna manera forma parte de la izquierda abertzale, no ha sido ilegalizada, porque se ha distanciado claramente de ETA.
Otra cosa es dejar en tan pocas manos quién tiene derecho a presentarse a unas elecciones y quién no -no las personas, sino las ideas, o las agrupaciones electorales-.
En Alemania varios grupos de extrema derecha han utilizado vericuetos legales para poder concurrir a elecciones.
Me cuesta tomar una posición, por un lado me deja con la mosca en la nariz la ilegalización de un partido, pero por otro, creo que no todo se puede permitir.