Leviatán

BRUSELAS.- Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo para que se retengan entre seis y 24 meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para luchar contra el terrorismo. La directiva, que deberá ser ratificada por la Eurocámara, permitirá conocer quién ha hecho una llamada, a quién, desde dónde y cuánto ha durado. El acceso al contenido de la comunicación sólo será posible con orden judicial.

El texto señala que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas, pero en los casos en que ya estén almacenadas por parte de las compañías- así como las comunicaciones por Internet. Los costes deberán ser asumidos por las operadoras y no por los Gobiernos, punto que debe ser aceptado todavía por el Parlamento Europeo.

No obstante, el texto, remitido a la Eurocámara, contempla la posibilidad de que los gobiernos reembolsen a las operadoras por el coste de este almacenamiento extra. Se responden así a las preocupaciones mostradas por los países con fuertes operadoras como Finlandia y Alemania, y también por la propia Eurocámara.

Por su parte, la Comisión Europea ha aceptado el acuerdo, aunque incluirá una declaración paralela para resaltar que no habrá distorsiones a la competencia por el coste que esta medida pueda suponer para las industrias de telecomunicaciones.

Los costes de la medida deberán ser asumidos por las operadoras y no por los Gobiernos

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Según cálculos del Consejo, la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría un coste para cada compañía de 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria, así como 50 millones de euros anuales por su mantenimiento.

Los ministros de la UE han determinado que las operadoras conserven entre seis y 24 meses las informaciones, que podrán ser consultadas por las fuerzas de seguridad para saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde dónde y la duración, pero no a su contenido, al que sólo podrán tener acceso si hay una orden judicial previa.

Llamadas perdidas

En contra de los países nórdicos y Alemania, España ha defendido durante toda la negociación la conservación de las llamadas perdidas, puesto que fueron determinantes en las investigaciones de los atentados del 11-M. Para el caso de Internet, las compañías deberá conservar los datos de los correos electrónicos, así otros datos sobre la navegación en páginas web.

Aunque la norma se ha aprobado por consenso, Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia han mostrado sus reticencias, y Portugal ha realizado una declaración sobre la asunción de costes.

La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión. La Presidencia británica intentará la aprobación de la normativa en primera lectura en la próxima sesión de Estrasburgo, que comienza el 12 de diciembre.

La propuesta de directiva, que se discute desde hace más de año y medio, busca armonizar en los Estados miembros unas normas mínimas para conservar una información que ahora sólo tiene fines comerciales y que se ha demostrado útil en investigaciones de atentados terroristas como los del 11 de marzo en Madrid.

El ministro del Interior británico, Charles Clark, se mostró muy satisfecho del resultado, puesto que "las organizaciones terroristas y de narcotraficantes actúan de forma internacional y usan las telecomunicaciones para comunicarse a través de una red muy eficaz". También confió en que los eurodiputados aceptarán los términos de esta propuesta que calificó de "flexible".